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Lunes, Marzo 27, 2017
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El siguiente texto fue escrito  por Monica Moreno en para contestar a el Senador Alberto Cardenas, quien fue tan amable de responder a los cuestionamientos que se han hecho sobre las reformas al articulo 24 de la constitución mexicana

Señor Senador, buenas tardes:

Agradeciéndole su amable respuesta, quisiera hacer los siguientes comentarios:

Primero que nada y atendiendo al carácter general del espíritu de nuestra Carta Magna, nos inquieta y preocupa la manera en que usted entiende al anticlericalismo. Su contraparte, el clericalismo, es la doctrina que instrumenta una religión para obtener un fin político; defiende que el clero que representa dicha religión, debe inmiscuirse en los asuntos públicos y profanos como un poder que los oriente, supervise y corrija conforme a sus dictados. Como tal, ello hizo surgir al anticlericalismo, modalidad del laicismo que sostiene la doctrina opuesta y la libertad de conciencia.

Tomando en cuenta los intentos de la iglesia católica para imponer su opinión al estado, entonces el anticlericalismo es un componente importante de la Constitución. La iglesia católica ha hecho propaganda para que parezca que el anticlericalismo es algo malo, pero es todo lo contrario. El clericalismo nació como un intento de la iglesia católica para recuperar el poder político que tuvo en el pasado. Y este poder es innegable.

Basta una definición del clericalismo: "El clericalismo moderno renació en Italia cuando el papa Pío IX (1846-1878) promulgó su Sylabus (1864) considerándose prisionero del recién nacido estado italiano; en él condenaba todo aspecto del liberalismo y del modernismo dando vida a los movimientos del catolicismo intransigente que rechazaban reconocer el nuevo reino de Italia".

La iglesia católica mexicana ha hecho creer a la gente que el anticlericalismo es un ataque a la religión, cuando es sólo una forma de defensa al estado laico. Usted debe tomar en cuenta lo anterior (qué es el anticlericalismo, concepto que no va contra la religión, sino a detener la intromisión del clero en asuntos políticos).

Usted señala que la limitación a la libertad religiosa estaba injustificada. Veamos la historia: ¿quién se opuso al movimiento de Independencia de 1810? La iglesia católica. ¿Quién excomulgó al cura Hidalgo? La iglesia católica. ¿Quién se opuso a la Reforma del 57? La iglesia católica. ¿Quién se opuso al movimiento de la Revolución Mexicana? La iglesia católica. Si esto no es una justificación, no sé qué es lo que usted entiende por ello.


De lo anterior se desprende que usted olvida el espíritu, las razones por las cuales se estableció la separación entre la iglesia y el estado en la constitución del 57. El artículo tercero de la Ley de nacionalización de los bienes del clero y secular señala que “Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra.”


¿Por qué surgió esta ley? Lerdo de Tejada emitió la siguiente justificación: “Que el motivo principal de la actual guerra promovida por el clero es conseguir sustraerse de la dependencia a la autoridad civil; Que cuando ésta ha querido, favoreciendo el mismo clero, mejorar sus rentas, el clero, por sólo desconocer la autoridad que en ello tenía el soberano, ha rehusado aún el propio beneficio; Que cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos mismos del clero, sobre observaciones parroquiales, quitar a éste la odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus emolumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes de sujetarse a ninguna ley; Que como la resolución mostrada sobre esto por el metropolitano prueba que el clero puede mantenerse en México, como en otros países, sin que la ley civil arregle sus cobros y convenios con los fieles; Que si en otras veces podía dudarse por alguno que el clero ha sido una de las rémoras constantes para establecer la paz pública, hoy todos reconocen que está en abierta rebelión contra el soberano; Que dilapidando el clero los caudales que los fieles le habían confiado para objetos piadosos, los invierte en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que promovió en desconocimiento de la autoridad legítima, y negando que la República pueda constituirse como mejor crea que a ella convenga; Que habiendo sido inútiles hasta ahora los esfuerzos de toda especie por terminar una guerra que va arruinando la República, el dejar por más tiempo en manos de sus jurados enemigos los recursos de que tan gravemente abusan sería volverse cómplices, y Que es imprescindible deber poner en ejecución todas las medidas que salven la situación y la sociedad, he tenido a bien decretar lo siguiente…”.


Todo lo anterior ES una justificación lo suficientemente clara. Contravenir a lo dispuesto y ya señalado desde aquél entonces por Lerdo de Tejada es retrógrada, por decir lo menos.


Ahora bien, usted dice que la reforma “simplemente reconoce una realidad en la cual las personas son libres de creer o no creer, de llevar a sus hijos a escuelas donde impartan una religión determinada o a escuelas públicas y laicas… hacía falta que la Constitución estableciera esa libertad de manera expresa…”.

Señor Senador: la realidad que según usted se “reconoce” es la realidad actual del país, expresamente reconocida. Las personas YA son libres de creer o no creer y en la práctica YA llevan a sus hijos a las escuelas donde se “imparte” una religión determinada (hay escuelas cristianas, católicas, mormonas, etc., y la gente inscribe ahí a sus hijos porque quiere). O bien, los llevan a escuelas públicas. Eso ya existe, eso ya es una realidad, eso YA es una práctica legítima y legal; por lo tanto no se tiene qué modificar ningún artículo para garantizarlo.

Ahora bien, ¿en qué momento se ha logrado limitar la libertad de expresión de los ministros de culto? Se han alzado voces en contra de las declaraciones de, por ejemplo, Norberto Rivera Carrera, porque se ha dedicado a hacer declaraciones de sesgo político, tanto tácita como explícitamente y ello jamás se ha castigado. La reforma en cita señala que “nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.” Lo anterior no garantiza que un sacerdote no buscará un cargo de elección popular, porque lo puede hacer “de civil” aunque se abstenga de hacer proselitismo durante la misa. ¿Queremos sacerdotes dentro de las secretarías de estado? ¿Norberto Rivera para presidente? ¿Sandoval Íñiguez para gobernador de Jalisco? Estos personajes, ¿no deberían invertir su tiempo y esfuerzo en sanear las filas sacerdotales que se han visto infestadas de acusaciones de pederastia? O ¿acaso usted es de los que piensan que esas acusaciones son falsas?

Por otro lado, debemos señalar que en ninguna parte del artículo 24, sin reforma o con reforma, se garantiza, como usted señala, la libertad de no creer, ya que la reforma en cita dice: “Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley."

La libertad de conciencia o libertad de pensamiento no incluye ceremonias o devociones ni actos de culto; sin embargo ello no está penado por la ley; pero tampoco se garantiza que no se perseguirá a los librepensadores.

En ninguna parte de la Carta Magna se limita la libertad religiosa, a menos que el tener que hacerlo dentro de los templos sea visto como una "limitante", donde cabe subrayar que tal "limitante" es una falacia, pues en la práctica (en caso de que alguna vez se haya tomado usted la molestia de andar por las calles de nuestro país), los actos de culto YA se realizan en espacios públicos y hasta con goce de la protección gubernamental; por ejemplo: peregrinaciones, fiestas patronales, misas (incluso por televisión de paga), donde en los dos primeros casos siempre se presenta un despliegue de seguridad policíaca en caso de algún percance.

En ninguna parte de la reforma se señala que se garantizará la libertad de pensamiento en alguna forma. ¿Dónde se garantiza que un librepensador no sufrirá ataques en su persona o propiedades debido a que no profesa la fe religiosa del grueso de una población? ¿Dónde está la protección a los derechos humanos de quienes no profesan religión ni fe? La citada reforma sólo garantiza derechos a quienes profesan un culto; a los demás los deja a su suerte.

Tampoco se garantiza a los ciudadanos librepensadores (que tanto son sujetos de derecho y contribuyentes fiscales como cualquiera) a transitar libremente por las calles sin ser molestado por expresiones públicas de culto que transgredan su libertad de hacer y de no hacer. ¿Ha intentado usted alguna vez transitar por las calles donde hay fiesta patronal o peregrinación? Es imposible. Entonces, el librepensador ¿está obligado a unirse a la fiesta o peregrinación de marras o tiene el derecho de transitar libremente sin ser molestado?

Por supuesto que todos tenemos derecho a la libertad de expresión y al libre tránsito. Hasta la fecha, nadie ha molestado ni ha atacado las expresiones públicas de culto religioso; a lo mucho sólo se necesitaría reforzar la seguridad pública en casos de conflictos entre sectas o grupos religiosos.

Para finalizar y retomando el significado de la palabra “anticlericalismo”, ésta debería ya de asustarles menos. Abrir las puertas al clericalismo en pleno siglo XXI es dar pasos hacia atrás, es olvidar nuestra historia nacional y es un claro desdén a las justificaciones y clarísima exposición de motivos que llevaron a nuestros antepasados a propugnar por la separación entre la iglesia y el estado. La reforma que usted defiende es un claro retroceso; consideramos que hay asuntos públicos que merecen más la atención de nuestros diputados y senadores.

Atentamente.

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